Derecho de Arrendamientos

Cuando su empresa desee establecerse en Holanda, es posible que deba tratar con el Derecho de Arrendamientos holandés. A menudo constatamos que no todas las empresas disponen de un contrato de arrendamiento adecuado. Puede suceder que, pese a este compromiso (el contrato de arrendamiento), la otra parte incurra en incumplimiento, no se atenga exactamente a lo convenido o no se atenga en absoluto. En tal caso, es imprescindible contar con un abogado especializado en Derecho de Arrendamientos.

Un contrato de arrendamiento puede ser oral o escrito. Un contrato oral es igual de vinculante que el escrito; sin embargo, en la práctica resulta mucho más difícil probar lo que se había acordado. Son por tanto preferibles los contratos escritos. Pero, ya sea oral o escrito, no es ningún lujo superfluo hacer que se evalúen sus consecuencias jurídicas antes de vincularse a él.

En relación con los espacios de explotación, el Derecho de Arrendamientos diferencia dos categorías: los establecimientos comerciales y los demás espacios de explotación. Ejemplos de establecimientos comerciales son las tiendas, los establecimientos de hostelería y las empresas de artesanía. Los demás espacios de explotación comprenden por ejemplo oficinas, bancos, empresas de comercio al por mayor y fábricas. Además de las disposiciones generales, en diversos objetos se aplican también otras normas cuya naturaleza es también imperativa. En la práctica, los establecimientos comerciales son a menudo objeto de controversia legal.

La ley holandesa ofrece amplia protección legal a los arrendatarios. El arrendador no puede rescindir sin más un contrato. El Derecho de Arrendamientos está en constante cambio, y nuestros abogados se adaptan a esos cambios. La ventaja específica de recurrir a un abogado especialista en arrendamientos es que permite actuar con rapidez. La parte más sobresaliente de nuestra práctica en Derecho de Arrendamientos recae sobre todo en el alquiler de espacios de explotación. Prestamos asesoramiento a inversores, arrendadores y propietarios de la pequeña y mediana empresa, sociedades constructoras de viviendas y asociaciones de propietarios de espacios de explotación.